Ya Bájenle

No es racional ni ético el elevado monto de recursos públicos otorgados a los partidos políticos, que en un año de crisis económica como 2009 están recibiendo 3,631 millones de pesos, prácticamente 10 millones al día. Como he señalado otras veces, en la reforma constitucional de 2007 en materia electoral, al disminuir su financiamiento para campañas, los partidos en realidad se lo aumentaron, debido a que anteriormente la mayor parte de su presupuesto lo destinaban a comprar tiempos en radio y televisión, que ahora les resultan gratuitos merced a los tiempos del Estado (Reforma, 01/09/09).

En este marco, debe ser bienvenida la iniciativa del diputado y presidente del PAN, César Nava Vázquez, quien acaba de proponer una reducción al financiamiento público partidario que, según sus cálculos y sumando los montos federales y locales, se aproxima al 50 por ciento. La propuesta ha tenido el inmediato rechazo de connotados priistas como Francisco Rojas y Manlio Fabio Beltrones y de perredistas como Jesús Ortega, quienes de distintas maneras hablan de cortinas de humo y afirman que los ahorros presupuestales deben situarse en otras áreas. Sin embargo, resulta sensato buscar disminuciones en todo el gasto público, particularmente en los excesos del gobierno, pero no debe excluirse la bolsa partidaria por motivos de moralidad pública y porque, al mantener sus privilegios, los partidos se han distanciado crecientemente del electorado.

Importa también el destino que los partidos le dan a sus cuantiosos recursos, fundamentalmente en lo relativo a la inducción del voto. Un documentado estudio de Alianza Cívica sostiene que "el financiamiento público en exceso otorgado a los partidos políticos se usó para reforzar el clientelismo electoral y la violación de la dignidad ciudadana mediante la compra y la coacción del voto durante la elección 2009". Dicho de otra manera, el elevado monto de recursos fiscales asignado a los partidos no sólo es políticamente impúdico, sino también generador de perversiones antidemocráticas.

Ahora bien, la iniciativa de César Nava, que debería ser estudiada con seriedad, tiene dos problemas, que exigen adecuaciones:

a) Suprimir el dinero público para actividades ordinarias en las entidades, propiciaría la centralización, el mayor control por parte de las oligarquías partidarias y una malsana dependencia de las instancias locales.

b) Un aspecto poco difundido de la iniciativa de Nava es el sensible aumento de los fondos partidarios de origen privado (aportaciones de simpatizantes), pues sitúa el máximo en un 30% del tope de gastos de la última campaña presidencial, para cada partido, límite que actualmente es del 10%. Con base en cifras actuales, cada partido podría obtener de sus simpatizantes 195 millones, que representan, por ejemplo, cerca del 20% del financiamiento ordinario del PAN en este año y más del 100% del de Nueva Alianza, y esto último podría implicar transgredir la disposición de que el dinero público debe prevalecer sobre el privado. Además, con esa cifra tan alta, el partido en el gobierno, cualquiera que sea, representa un mayor atractivo para los aportantes y por esa vía puede alentarse la corrupción.

Por otra parte, tiene razón Jesús Ortega cuando, al rechazar la iniciativa panista, apunta el riesgo de la penetración del dinero del narcotráfico en las finanzas partidarias, pero ese peligro no se conjura con la inyección de cuantiosos recursos del erario, sino con la aplicación de frenos efectivos. Uno de ellos permanece en la congeladora del Senado: la minuta aprobada por la Cámara de Diputados que establece el uso de dinero ilegal como causal de nulidad de la elección.

Aun cuando hay otras rutas para disminuir el flujo de recursos públicos a los partidos -vincular la bolsa con la votación es una de ellas-, la iniciativa de Nava va en el sentido correcto, con los asegunes indicados, porque las porciones del erario que consumen los partidos resultan insultantes para la sociedad, en particular para los estratos que padecen pobreza alimentaria o patrimonial.

También acierta Nava en proponer la limitación a los salarios de los consejeros del IFE, pero en este rubro su propuesta resulta insuficiente, porque en ese instituto urge un rediseño que ponga su gasto en los raíles de la racionalidad. Y la única vía para lograr tal cosa es mediante una drástica reducción de su proyecto de presupuesto, una medida necesaria también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.