México, 10 Nov. (Notimex).- Especialistas del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y la UAM se pronunciaron por reducir el financiamiento público a los partido y abandonar la idea de aminorar el número de legisladores.

Los expertos María Amparo Casar, del CIDE, y Jorge Javier Romero Vadillo, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), participaron en la mesa "Financiamiento público a los partidos políticos".

En el encuentro John Ackerman, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfatizó a su vez que el punto central no está en el recorte de los recursos públicos, sino en impedir que crezca el financiamiento privado.

Casar expuso que si bien no estaría a favor de que se acabe el financiamiento público a los partidos o al Instituto Federal Electoral (IFE), el problema es el volumen que se otorga.

El voto mexicano, argumentó, es el más caro de América Latina y quizá del mundo, ya que cada uno cuesta 17 dólares, 18 veces por encima del promedio en la región.

La experta se unió a la iniciativa "Ya bájenle! Menos dinero a los partidos" y planteó calcular su financiamiento de acuerdo con el número de votos obtenidos en las urnas, no con base en el padrón electoral.

De esta manera, aseguró la especialista, los partidos deberán hacerse cargo de promover el voto y atender las demandas de la ciudadanía; además, dijo, se aumentaría el aprecio hacia los dos pilares de la democracia: los partidos y el Congreso.

Respecto a la disminución del número de diputados, consideró la propuesta como una idea brillante aunque demagógica, porque ese no es el centro del problema.

"Es la única brillante idea que se ha tenido para responder al enojo ciudadano por los escándalos y la falta de productividad del legislativo", admitió la doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cambridge.

Romero Vadillo, a su vez, señaló que en México existen dos burocracias paralelas: el partido y la representación en el Congreso, lo cual complica alcanzar los grandes acuerdos necesarios para la nación.

De los partidos, lamentó que esos institutos políticos no sean sujetos obligados de la Ley de Transparencia y que gran parte de su capital se utilice en pagar grandes burocracias y grupos clientelares.

Reconoció que el financiamiento público tiene que seguir siendo prioritario, aunque coincidió con Amparo Casar en que el problema es la cantidad que reciben.

El criterio fundamental es evitar la entrada de recursos de procedencia dudosa, sostuvo el profesor-investigador de la UAM, al tiempo que se sumó a la iniciativa "Ya bájenle! Menos dinero a los partidos".

En contraparte, John Ackerman advirtió que reducir el financiamiento a los partidos puede llevar a cometer un error: legalizar la corrupción del "dinero privado".

"Actualmente, tenemos por todos lados un mercado negro con respecto de la contratación de los spots en radio y televisión", subrayó el especialista en democracia, derecho electoral, reforma del Estado y rendición de cuentas.

A su juicio, lo que se necesita en México es fortalecer la fiscalización y la transparencia de los partidos, pues en principio está justificado un gasto importante en el tema de la democracia.

"En primer lugar, estamos en una transición, en un proceso de cambio político e incluso es uno que, en muchos sentidos, se ha hecho en función precisamente de los partidos y las instituciones electorales", acotó.

Así, los partidos y el IFE cargan con la responsabilidad histórica de conducir la transición democrática y tienen un papel fundamental en el sistema.

Ante ese planteamiento sentenció que "si lo que buscamos es un cambio real en la correlación de fuerzas en la sociedad, los partidos políticos son el arma más importante que tenemos para lograrla".

Reducir el financiamiento público no es tan importante como no permitir la ampliación del financiamiento privado -pues empuja a los partidos a los intereses de los que tienen dinero- e impulsar a la transparencia y la fiscalización de sus recursos, puntualizó.