Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha dicho que “en
la medida en que subsidiamos a los partidos políticos, les damos muy
pocos incentivos para que se mantengan cerca de la ciudadanía”. Jorge Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostiene que “hay
que buscar un equilibrio que haga que los partidos se acerquen a la
sociedad a fin de buscar recursos para hacer sus campañas de acuerdo
con las causas que defienden”… Queda claro que la “ciudadanía” de la que hablan los expertos no se refiere a la población en general, sino únicamente a las personas más adineradas.
He aquí unas cuantas aclaraciones sobre mi postura en este tema. Por
un lado, al parecer ambos estamos de acuerdo en que es deseable una
mejor fiscalización del origen y aplicación de los recursos manejados
por los partidos políticos. Donde no estamos de acuerdo es en los
efectos de un mayor o menor financiamiento público (FP).
El argumento en favor del FP es que este sirve, entre
otras cosas, para “paliar” la influencia del “gran dinero” en la vida
de los partidos. Pero tenemos escasa o nula evidencia sobre si este
efecto en verdad ocurre (sospecho que no). Si ocurriese, habría que
preguntarnos si podemos producir el mismo efecto saludable con menos
recursos. Y si no ocurriese, hay que preguntarnos si hace falta más
financiamiento público o si de plano hay que buscar otra forma de
“alejar de la tentación a los partidos” (sospecho que sí).
La mayoría de las democracias ofrecen cierto tipo de financiamiento
público a sus partidos (directo o indirecto), pero muy pocos
casos llegan a los niveles observados en México (por ello se dice que
pocos países gastan tantos recursos públicos en administrar elecciones
y subsidiar a sus partidos).
Más del 90% del “gasto oficial” de los partidos políticos en México
proviene de financiamiento público. De acuerdo a la ley vigente, esta
estructura podría ser 50.01% pública y 49.99% privada. ¿Por qué nigún
partido diversifica sus ingresos oficiales? Entre otras razones, porque
si los partidos aumentaran sus ingresos oficiales, no podrían gastar
dichos recursos dados los topes de gasto de campaña que son sumamente
bajos.
En 2006, por ejemplo, un partido requeriría 1475mdp para llegar al
tope de gasto en las contiendas para presidente, senadores y diputados.
Bien, pues el PRI recibió solamente ese año 1,265.6mdp de
financiamiento público. El PAN, por su parte, recibió 1,146.8dmp y los
partidos de la Alianza por el Bien de Todos, 1,297.8mdp. Con un
subsidio tan generoso, ¿qué partido querría buscar recursos adicionales
entre militantes o simpatizantes, si después no podrían gastarlos?
Se sospecha, por supuesto, que todos los partidos sostienen una
estructura paralela e ilegal de financiamiento y gasto. (¿Quíén se
animaría a hacer una campaña a diputado federal con un tope de gasto de
aprox. 1 millón de pesos? Respuesta: los amigos de los gobernadores).
En la medida que provee información al electorado, el gasto de
campaña no es necesariamente malo. Pero de ahí no se sigue que el
erario deba financiar el grueso del gasto de campaña. Es posible que
sea más eficiente gastar en fiscalizar (y sancionar) los ingresos y
egresos de los partidos que subsidiar con escasos recursos públicos las
actividades ordinarias y gastos de campaña de todos los partidos.
La influencia del gran dinero se aminora con límites a las
contribuciones (permitiendo sólo pequeñas contribuciones, por ejemplo)
y estrictos requisitos de rendición de cuentas sobre el origen y
aplicación de recursos. Hoy se premia con recursos públicos el éxito
electoral previo de los partidos (por ello, el PRI será el partido con
más recursos y spots en 2012). Bien, nada impide que el FP igualara (o
multiplicara) las pequeñas donaciones obtenidas por los partidos de
entre sus militantes o simpatizantes.
Se cree que el gran dinero sólo tiene cara de narco o de gran
empresario y se pasa por alto que otros grupos tienen donantes
igualmente grandes (o peligrosos), tales como los sindicatos públicos
(SNTE, SME, STPRM), las burocracias y, por supuesto, el gasto
electorero de diferentes órdenes de gobierno. Y si hoy día todos los
“poderosos” meten la mano en las elecciones, ¿qué resulta mejor, dar
más subsidios a los partidos, o fiscalizarlos mejor a todos?
Mi argumento no es eliminar del todo el financiamiento público a
partidos, sino repensar sus reglas. Y si se piensa que, ante lo débil
de nuestro estado de derecho, regular y fiscalizar las contribuciones a
partidos es una tarea entre difícil o imposible, entonces tampoco veo
cómo podemos suponer que el régimen de financiamiento actual de verdad
mantenga al gran dinero lejos de los partidos–sobre todo cuando éste
parece haber dado pie a no pocos partidos rentistas y a un mercado
negro de fondos (y gastos) de campaña.
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