Ya Bájenle

El Congreso está a punto de recetarnos otra alza de impuestos. Para aumentar la recaudación el gobierno no habrá hecho esfuerzos por ampliar la muy estrecha base de contribuyentes efectivos. En los hechos se tratará de una “miscelánea fiscal” que, otra vez, nos cargará el muertito a los pocos que alimentamos sistemáticamente las
arcas gubernamentales en México. Los nuevos impuestos llegan además en medio de una profunda recesión, y con toda seguridad retrasarán la recuperación económica.

La razón para aumentar impuestos, nos quieren hacer creer, es la total y absoluta imposibilidad de recortar el gasto público. Es como decir que cada peso del que disponen nuestros magnánimos gobernantes está no sólo bien, sino muy bien gastado. No hay que tener una ideología particularmente radical para sospechar que esta es una falsedad cargada de una buena dosis de cinismo.

No es difícil detectar casos de dispendio por parte de todas las ramas del gobierno y en todos sus niveles. Tocaré aquí el caso del subsidio a los partidos políticos, pero no es el único. Para ponerlo en perspectiva, empezaré por estimar el monto que espera recaudar el gobierno con uno de los nuevos impuestos del paquete fiscal: el resultante de aumentar la tasa del impuesto al valor agregado.

El IVA pasará, como ya nos han anunciado, del 15 al 16 por ciento. En términos técnicos, el IVA no es un mal impuesto. Es de hecho preferible a muchos otros gravámenes que aplica Hacienda en México. Pero lo he elegido porque resulta más o menos fácil estimar cuánto ingreso adicional le reportará a las arcas gubernamentales el aumento de tasa.

México en años recientes ha conseguido recaudar aproximadamente 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) a través del IVA. El monto es menor que en otros países con la misma tasa porque la ley del IVA contempla excepciones (en alimentos y medicinas, por ejemplo) que facilitan la evasión del pago del impuesto. Ahora bien, si suponemos que el aumento al IVA no afectará la producción ni el consumo (lo cual es a todas luces falso, pero simplifica el ejercicio de estimación) se infiere que con la nueva tasa el gobierno recaudará un cuarto de punto (0.25%) de PIB más que antes.

Paso ahora al caso del subsidio partidista. Para el trienio 2010-12, los partidos en su conjunto recibirán del gobierno federal $10,900 millones de pesos (Mdp), o sea un presupuesto de $3,500 Mdp anuales en promedio. Estimando el valor anual de la economía mexicana en $10,000,000 Mdp, el subsidio en efectivo representará 0.035 por ciento del PIB. Pero aquí no terminan las dádivas a nuestros partidos, ya que también se les otorga gratuitamente la totalidad del tiempo aire para promocionarse en radio y TV.

Calcular el valor exacto de este subsidio adicional no resulta nada fácil, pero sí puede aproximarse gracias al hecho de que, hasta la reforma electoral de 2007, los partidos tenían que pagar por el tiempo aire que ahora se les regala. Y se sabe también que solían gastar entre el 30 y el 70 por ciento de su presupuesto total para comprar tiempo en ondas hertzianas. Así que, groso modo, estimo que el valor del subsidio para tele y radio de los partidos más o menos duplica el monto que perciben en efectivo. Con esto, el subsidio alcanzaría 0.07 por ciento del PIB.

Faltaría añadir el financiamiento público sub-nacional que se les otorga, muy variable de un estado a otro, pero creciente en casi todos, y subsidios menores como las franquicias. El dato omite también los traspasos de dineros públicos que diversos actores – principalmente los gobernadores – canalizan al margen de la ley a las campañas de sus partidos. Por todo esto no es aventurado afirmar que 0.07 por ciento del PIB es una estimación muy conservadora del subsidio público total a los partidos.

A primera vista, la cifra parece ser relativamente pequeña, no alcanza una décima parte de punto del PIB. Es once veces menor que el presupuesto de Luz y Fuerza del Centro de 2009. Pero en números absolutos es un monto espeluznante: la dádiva anual representa $30 pesos por mexicano o $400 por cada RFC activo en el país. Resulta pantagruélico también desde la perspectiva del IVA: ¡los partidos se quemarán una cuarta parte de la nueva recaudación por concepto de aumento al IVA!

Organizaciones como la Asamblea Nacional Ciudadana y otras han venido promoviendo la reducción a la mitad del financiamiento público a los partidos. La iniciativa es tímida: habría en realidad que llegar a la casi abolición del subsidio público para partidos. No afirmo esto por desprecio a los partidos políticos, ni por creer que son todos
iguales, ni mucho menos por promover el voto nulo, causa con la que simplemente no comulgo. Por el contrario, estoy convencido de la importancia de los partidos para la consolidación y el buen funcionamiento de la democracia.

Pero esto no me impide sostener la convicción de que es innecesario alimentarlos casi exclusivamente con recursos públicos. Como en otras latitudes (u otros tiempos en México), los partidos deberían recibir un subsidio mínimo desde el gobierno, y allegarse por sí mismos el resto de sus recursos financieros. Esto es, el financiamiento partidista debiera provenir primordialmente de fuentes privadas, como ocurre en Alemania, en Chile, o en Estados Unidos. La legislación en vigor prohíbe esto en México, y es imperativo reformarla.

Hacerlo no sólo cortaría una fuente significativa de despilfarro del gasto público, también permitiría ahorrarle al contribuyente mexicano por lo menos una cuarta parte del aumento en el IVA. Los legisladores sí tienen un margen para recortar el gasto gubernamental y es amplio. Si lo reconocieran no sería necesario subirnos los impuestos.

Hacerlo no sólo pararía una hemorragia importante del erario público, ahorrándole al contribuyente mexicano por lo menos una cuarta parte del aumento en el IVA. También obligaría a los partidos a vincularse más activamente con actores sociales, de lo contrario tendrían dificultad en persuadirlos de hacer donaciones para sus campañas.

El caso del financiamiento partidista demuestra que los legisladores sí tienen margen para recortar el gasto, y que es amplio. Si lo reconocieran no sería necesario subirnos los impuestos.